Article publicat al diari El País, el 16 d'ctubre del 2000.
LA PRODUCCIÓN LEGAL DE ILEGALES
Manuel Delgado
A estas alturas lo que uno se pregunta es si es posible hoy una discusión realmente seria sobre los fenómenos migratorios, una reflexión pública capaz de prescindir de las demagogias políticas y las trivializaciones mediáticas. Al hablar del asunto migratorio parece que no tengan cabida ni los conceptos claros ni los datos verídicos, y sólo resulten pertinentes argumentos arbitrarios y hechos inexistentes o distorsionados.
Puestos a repasar algunas de las leyendas en torno a las que gira hoy todo cuanto se dice sobre la inmigración en España, la primera en ser citada debería ser la de que estamos siendo víctimas de una especie de invasión. Es fácil reconocer en el tratamiento que recibe la llegada de inmigrantes el interés del gobierno y sus aliados –incluyendo ahora al PSOE– en justificar la modificación de la nunca aplicada Ley de derechos y libertades de los extranjeros en España, y hacerlo en nombre de la urgencia de protegernos de lo que se escenifica como una avalancha masiva de menesterosos indeseables. Los datos son aquí contundentes: tendrían que llegar muchos miles de inmigrantes más para que pasáramos de nuestro discreto 1,5 % de extranjeros al 6 % de la media europea, por no hablar del 10 % que se registra en Francia, Alemania o Bélgica. En estas mismas páginas se informaba hace poco (El País, 30 de setiembre) de los 2.400 nuevos inmigrantes que se registraban al mes en Barcelona, pero también de lo lejos que estaba el 3,5 % resultante, respecto de la población total, del 21 % de Frankfort, del 16 % de Viena, del 15,4 de Bruselas o del 16,6 de París.
La segunda ficción a impugnar tiene que ver con el origen de los inmigrantes, presentados melodramáticamente por los medios de comunicación como fugitivos de la hambruna que afecta a los países pobrísimos y superpoblados de los que proceden. Bien. Está claro que ni los inmigrantes que se desplazan son los más pobres de sus países, ni esos países de origen son tampoco los más pobres. La inmigración suele proceder de países de desarrollo medio y está nutrida de personas con una capacidad económica suficiente como mínimo para costearse el viaje, en no pocos casos profesionales especializados o licenciados universitarios. En cambio, el discurso oficial sobre el tema se funda en la falsa premisa de que la circulación de trabajo vivo tiene su motor en las necesidades de unas miserabilizadas naciones emisoras, lo que convierte a los países anfitriones en «acogedores» de naúfragos desesperados y hace que en los debates a las posiciones xenófobas se les opongan razones basadas tan solo en la misericordia y los buenos sentimientos. Planteamientos policiales frente a argumentos humanitarios.
Son esas leyendas sobre el origen traumático y convulsivo de las corrientes migratorias hacia Europa las que permiten legitimar la urgencia de «regularlas» mediante endurecimientos legales. El bulo de la oleada desbocada de inmigrantes oculta una verdad que cualquier estudiante de demografía podría certificar: toda regulación gubernamental de flujos migratorios de carácter económico sobrerregula algo que ya está regulado por el propio mercado de trabajo. Los movimientos migratorios no son la consecuencia de una suerte de espasmo colectivo descontrolado, ni están abandonados a la irracionalidad que se les suele atribuir. Al contrario, los procesos migratorios son un ejemplo de circuito autorregulado, se gestionan a sí mismos en secreto a partir de lógicas racionales y obedecen ante todo a la demanda de mano de obra no cualificada por parte de los países receptores.
En otras palabras. Un inmigrante no se desplaza sino tiene una cierta seguridad de que va a encontrar trabajo. El inmigrante no se mueve a ciegas, ni ha tomado su decisión llevado por una mera ilusión o un impulso irreflexivo. Sabe qué tiene que hacer, a dónde ir, quién le espera y qué tipo de empleo le está reservado. Dicho de otro modo: vienen los inmigrantes que tienen que venir y que vendrán de todas formas, sea cual sea la legislación con que se les reciba. De esto último se deriva otra evidencia escamoteada. Las leyes limitadoras no regulan el ingreso de inmigrantes, básicamente porque, repitámoslo, continuarán llegando los inmigrantes que la estructura laboral vaya reclamando en cada momento. Restringiendo la entrada de inmigrantes lo que se consigue es justamente lo contrario de lo que se dice buscar, puesto que los extranjeros que tantas dificultades han tenido que superar para llegar se ven disuadidos de regresar a sus países. Las trabas a la hora de admitir trabajadores extranjeros no frenan las entradas, sino las salidas.
No nos engañemos, lo que se obtiene con las leyes de extranjería no es regular la entrada de inmigrantes, sino regular, jerarquizándola, la estancia de los que acabarán pasando las fronteras igualmente y que quedarán divididos en «legales» e «ilegales». Es decir, lo que una ley como la que se está aprobando en el Parlamento español consigue no es sólo regularizar a unos inmigrantes, sino básicamente desrregularizar a otros. La Ley de Extranjería en marcha es una máquina de producir trabajadores jóvenes condenados a conocer las más atroces expresiones de esa misma precarización laboral que afecta a la mayor parte de la población laboral, incluyendo la nativa.
El resultado final no es por tanto que haya menos inmigrantes. Habrá exactamente los mismos. Lo que sucederá es que se renovará y aumentará el actual ejército de indocumentados sometidos a condiciones de trabajo infames, sobreexplotados, temerosos, sin apenas derechos ciudadanos, sujetos a un permanente estado de excepción, un subproletariado destinado a satisfacer las demandas menos confesables del mercado laboral. De lo que se trata –conscientemente o no– es de sumergir la mano de obra destinada a una estratégica economía no menos sumergida, clandestinizar los contingentes de trabajadores abocados a alimentar los segmentos más salvajes del orden capitalista. La finalidad de la nueva Ley de Extranjería no es cerrarle el paso a unos inmigrantes que se sabe que acabarán entrando de un modo u otro, sino en asegurarse de que, una vez dentro, quedarán a la intemperie en un estado de derecho que no lo habrá de ser para ellos.
Viven en la calle. Duermen en cajeros, en parques, a la intemperie. Están sin trabajo y, la mayoría, también sin papeles. Son menores de edad, o eso dicen ser. Inmigrantes subsaharianos que han venido a España en busca de una oportunidad que les ignora, que quieren luchar por una vida digna y que por eso se manifiestan. Forman parte del colectivo DRARI, una organización que ayuda a los “extranjeros menores no acompañados”, a los adolescentes que llegan a nuestro país sin más familia que ellos mismos. El 25 de febrero salieron a la calle para hacerse escuchar, para reclamar el cumplimiento de sus derechos ante la DGAIA, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya. Según los manifestantes, se les ha echado de los centros de menores porque el gobierno catalán considera que ya son mayores de edad, a pesar de que sus pasaportes indican lo contrario. “La Generalitat no cree nuestros pasaportes”, rezaban las pancartas.