LA GACETA presencia en directo los hechos y accede al escrito policial de Interior que ordena la puesta en libertad. La Generalitat encarga a la Cruz Roja su traslado. Los extranjeros procedían del CIE situado en Melilla.
Rodrigo Gavilán y R. Ballesteros. Madrid
El abandono de inmigrantes en distintos puntos de la Península, denunciado en 2006 por los sindicatos policiales, continúa hoy con otras formas, pero el mismo fondo. Según ha comprobado LA GACETA, el Ministerio del Interior puso en libertad en Barcelona a 21 inmigrantes –supuestamente provenientes de Bangladesh–, a los que posteriormente la Generalitat trasladó hasta la localidad tarraconense de Alcover a través de una ONG.
El pasado 2 de noviembre, la Comisaría General de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía se vio obligada –por imperativo legal– a ordenar a la Jefatura Superior de Cataluña la “puesta en libertad” de 49 inmigrantes irregulares provenientes de Melilla, como indica el documento adjunto. Al menos 21 de ellos se quedaron en Tarragona.
Otros siete fueron conducidos hasta el aeropuerto barcelonés de El Prat –supuestamente para ser expulsados– y el resto fue trasladado a otro punto de la Península desconocido por este periódico.
La orden no pudo cumplirse en el momento, ya que los jefes de Policía encargados de hacerlo recibieron indicaciones de la Subdelegación del Gobierno de evitar a la prensa, que esos días estaba apostada en las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Los agentes detectaron que varios medios de comunicación estaban pendientes de que salieran los inmigrantes y paralizaron la orden. El retraso provocó la reacción del cónsul de Bangladesh en la ciudad condal, Ramón Pedró, que se personó en las dependencias del CIE para presionar y agilizar el traslado.
Por fin, el día 5 a las 16 horas, la Jefatura hizo efectiva la orden. En la calle esperaba un autobús contratado por una de las ONG subvencionadas por la Generalitat. El vehículo iba de incógnito, ya que no llevaba el logotipo de la ONG, con objeto de no llamar la atención de la prensa. LA GACETA fue testigo de cómo subían los inmigrantes.
El autobús recorrió más de 100 kilómetros y bajó a sus viajeros en una explanada situada en el restaurante El Álamo, a la entrada de la localidad de Alcover. A continuación, cuatro vehículos de la Cruz Roja de la localidad tarraconense aparcaron en la misma explanada y se hicieron cargo de los inmigrantes. Fuentes de las ONG explican que estos traslados se llevan a cabo con cierta frecuencia y que ellas “hacen lo que pueden” con los extranjeros, a los que dan de comer y visten durante los primeros días de su estancia en Cataluña. Luego, quedan en situación irregular.
LA GACETA entrevistó a tres de los inmigrantes que viajaron en el autobús y que posteriormente fueron abandonados en Tarragona. Los tres declararon abiertamente que, a pesar de haber sido enviados hasta Alcover, su intención seguía siendo regresar a Barcelona para instalarse en el centro de la ciudad condal de forma definitiva.
Policía desesperada
Según fuentes policiales, estos hechos se repiten varias veces a lo largo del año. El motivo, explican, es que –al no tener documento de identidad– es imposible saber el país del que proceden y, por lo tanto, gestionar su repatriación. Además, continúan, en casi ninguno de los inmigrantes desvelan su nacionalidad, ya que supondría su identificación y expulsión automática del territorio nacional.
Las mismas fuentes explican que estos extranjeros, después de ser puestos en libertad, contactan con su familia –afincada en su país de origen–, que les remite por correo el pasaporte. Con la documentación ya en sus manos, los irregulares se empadronan en cualquier ayuntamiento, lo cual les permite acceder a todos los servicios sociales ofrecidos por la Administración
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