SOCIEDAD | El Ejecutivo garantiza el pago de todos los fondos
Oleada de críticas contra el Govern por obstaculizar el pago de la renta mínima
- La oposición les acusa de ignorar el 'sufrimiento' de miles de familias
- 33.000 personas se benefician de este último salvavidas de casi 400 euros
- El Govern revisará todos los expedientes para evitar fraudes en las ayudas
- El PSC exige que el Ejecutivo asuma 'responsabilidades' por la polémica
ELMUNDO.es | Agencias | Barcelona
El Govern de Artur Mas ha inaugurado sus vacaciones estivales con un alud de críticas procedentes de los partidos de la oposición, ciudadanos e, incluso, de ayuntamientos que lucen la bandera de CiU a cuenta de la Renta Mínima de Inserción (RMI), un salvavidas para unas 33.000 familias que han perdido cualquier otro ingreso.
La Generalitat ha modificado, por sorpresa y en pleno mes de agosto, la forma de pago de la RMI -más conocida como 'Pirmi' y que roza los 400 euros-, pasando de la transferencia bancaria al cheque nominativo a cobrar en un plazo de 15 días bajo el argumento de frenar los casos de fraude. La medida, no obstante, ha pillado con el pie cambiado a ayuntamientos y ciudadanos, entre quienes ha cundido el desconcierto.
La postura del Govern reside en el hecho de que la RMI, creada en 1990, había caído en cierto desvirtuamiento en los últimos años, convirtiéndose en un motivo para que algunos ciudadanos abandonaran la opción de buscar empleo. Para neutralizar esa tendencia y el cobro detectado fuera de Cataluña pese a que es obligatorio estar empadronado en el territorio, la Generalitat ha asegurado que revisará todas las concesiones, garantizando, eso sí, todos los fondos.
Los mensajes del Ejecutivo catalán, sin embargo, no han menguado la inquietud entre los beneficiarios, en muchos casos desconocedores de cómo lograr su único sustento. Así, según denuncia el colectivo Drari, muchas de las personas que deberían recibir los fondos viven en pisos realquilados sin posibilidad de recibir correspondencia.
Una situación a la que se han sumado las críticas de las formaciones de la oposición, quienes inscriben la medida en una suerte de campaña 'conservadora' por "despreciar" a los "más débiles".
En esos términos se ha declarado el PSC, cuyo presidente del grupo parlamentario, Joaquim Nadal, ha exigido ya "responsabilidades" en un Govern "que ha puesto en riesgo a miles de familias en Cataluña".
Según Nadal, los obstáculos activados por la Generalitat "colapsan los servicios municipales, provocan el caos" y elevan de manera evidente la fuerza con la que la "pobreza ataca a Cataluña".
El presidente de la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), el también socialista Manuel Bustos, también ha denunciado que las modificaciones se hayan realizado sin avisar con anterioridad, disparando "la inquietud y la incertidumbre en muchas familias".
ICV, cuya portavoz, Dolors Camats, ha tachado de "indecente" modificar las condiciones del RMI en pleno agosto, considera que el Govern ignora "el sufrimiento de la gente". Por ello ha reclamado la comparecencia en el Parlament de los consellers de Empleo y Bienestar Social y Familia, Francesc Xavier Mena y Josep Lluís Cleries, respectivamente.
Los sindicatos creen que la Generalitat quiere ahorrar con el cambio en RMI
04-08-2011 / 16:30 h
Por su parte, el colectivo DRARI, que defiende los derechos infantiles, ha advertido hoy del "grave retroceso en la protección de los más desfavorecidos" que implican las modificaciones legislativas promovidas por el ejecutivo catalán.
El cambio del cobro por cuenta corriente a cheque nominal es una de las modificaciones derivadas de la ley 7/2011 de acompañamiento de presupuestos con las que la Generalitat pretende combatir casos de fraude en la recepción de esta ayuda.
Según ha asegurado UGT hoy en un comunicado, "la Generalitat se propone denegar el acceso a la RMI a personas de origen extranjero y a personas que han perdido el trabajo y han agotado la protección por desempleo".
Por otro lado, CCOO ha reprochado al ejecutivo de que "las necesidades sociales y económicas han pasado a un segundo plano y toma protagonismo la reducción del gasto por la vía de que menos personas, por menos tiempo y en menor cuantía perciban la RMI".
El colectivo DRARI ha subrayado que el cambio en la modalidad de cobro de esta ayuda social reducirá las personas que la reciban porque mucho de los demandantes viven en pisos realquilados, habitan en edificios sin buzones o no disponen de un empadronamiento, por lo que no podrán recibir en el domicilio el cheque.
Para evitar fraude en el cobro, la ley ha ampliado, de uno a dos años, el requisito de tener residencia continuada en Cataluña para acceder a esta ayuda, aumenta los ingresos a valorar hasta doce meses y añade la obligación de permanecer en Cataluña durante la percepción de la ayuda. EFE
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